El gobierno suizo presentará al Parlamento un proyecto sobre cooperación al suicidio que ofrece dos opciones: regularla o prohibirla. La primera es la que tiene más posibilidades de salir. En cualquier caso, con la propuesta se pretende que Suiza deje de ser considerada en Europa como “la meca de los suicidas”.

Esa fama ha venido al país por causa de las asociaciones Exit y, sobre todo, Dignitas, que facilitan inyecciones letales a personas que quieren suicidarse por padecer enfermedades incurables o por otras razones. En 2007 fueron unas 400, incluidas 132 llegadas de otros países donde la ley no lo permite. En cambio, el Código Penal suizo solo prohíbe la cooperación al suicidio si es en interés propio, lo que abre la puerta a hacerlo por otros móviles. Esto ha hecho posible la actuación de Dignitas y Exit, amparadas en normas cantonales poco exigentes.

La futura regulación solo permitirá la cooperación al suicidio de personas con alguna enfermedad física incurable y corta esperanza de vida, y que no padezcan depresión ni otros trastornos psíquicos que inclinen a desear la muerte o limiten la libre decisión. Una y otra condición habrán de ser certificadas por sendos médicos, independientes de la organización que vaya a facilitar el suicidio. Además, la organización deberá informar al paciente de las otras opciones a su disposición, en especial los cuidados paliativos. Y no podrá recibir remuneración alguna, fuera del reembolso de los gastos. El cumplimiento de todos esos requisitos deberá quedar documentado en un expediente que estará a disposición de las autoridades.

“En el futuro no será posible que alguien cruce la frontera y se suicide unos días más tarde con ayuda de una organización”, ha dicho la ministra de Justicia, Evelin Widmer-Schlumpf. Las condiciones exigidas, sobre todo los dos dictámenes médicos, facilitarán una dilación necesaria para evitar decisiones precipitadas, también porque —ha añadido la ministra— ante la enfermedad, el deseo de morir puede ser muy vivo pero transitorio. Estas cautelas son para evitar la deriva que se achaca a Exit y, sobre todo, Dignitas: que empezaron ofreciendo el suicidio para casos desesperados pero han ido abriendo la mano hasta admitir personas que no estaban en fase terminal o sufrían depresión.

Las respuestas de las asociaciones al anuncio de regulación confirman su manga ancha. Ludwig Minelli, fundador de Dignitas, critica el proyecto por “privar del suicidio asistido a personas con enfermedades crónicas o psicológicas capaces de tomar una decisión informada”. Jérôme Sobel, presidente de Exit para la Suiza francesa, ha declarado: “Una persona que ha quedado paralítica por esclerosis múltiple o que tiene alzheimer, por ejemplo, debe poder obtener la ayuda [para suicidarse] si decide que no quiere afrontar lo que le espera”. Sobel también está disconforme con la exigencia de los certificados médicos, sobre todo el segundo, porque “muchos psiquiatras consideran patológica toda petición de suicidio”. Pero el gobierno quiere más garantías y que el suicidio sea excepcional, pues, en palabras de la ministra, “el Estado no debe favorecer la ayuda a morir, sino la ayuda a vivir” (Le Temps, 29-10-2009).